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Calidad educativa, ¿con caciques sindicales?

La Crónica, jueves 22 de mayo


Acordar la calidad de la educación con Elba Esther Gordillo equivale a pactar el combate a la delincuencia con “El Chapo” Guzmán. El problema fundamental del sistema educativo en este país no son la carencia de recursos, la insuficiencia tecnológica, las enormes carencias en la infraestructura de las escuelas ni la desorientación de los planes de estudio. El lastre cardinal que arrastra la educación básica en México es la pervivencia de un sindicato manejado con estilos y ambiciones caciquiles y que impide la expresión libre y participativa de los maestros.

Por eso el presidente Calderón se ha equivocado al propiciar primero, y festejar ahora, un pacto que lejos de enfrentar el problema central de la educación mexicana contribuye a eludirlo e incluso, quizá, a incrementarlo. La fuente del poder que detenta Elba Esther Gordillo radica en primer lugar en la mezcla de convenencierismo, complacencia e incluso intimidación que ha sido capaz de ejercer sobre el gobierno. Ese poder se lo dio Carlos Salinas de Gortari cuando la colocó hace 19 años al frente del sindicato de maestros y le fue refrendado por los siguientes titulares del Ejecutivo Federal. Ernesto Zedillo y Vicente Fox nunca quisieron enfrentar el poder atrabiliario de la líder magisterial, que creció debido al vacío institucional en el que se han desarrollado el SNTE y sus iniciativas políticas.

El gobierno actual resolvió mantener esos acuerdos con la señora Gordillo. Aparentemente el presidente Calderón cree que le debe a “la maestra” parte de los votos que le permitieron ganar, con el pequeño margen que todos recordamos, las elecciones de hace casi dos años. En todo caso, el convenio anunciado el 15 de mayo refrenda el pacto entre el gobierno y el SNTE, aparentemente con propósitos plausibles pero sin quebrar la hegemonía corporativa que ejerce el sindicato no solamente sobre los profesores sino en perjuicio del sistema de enseñanza todo.

El otro factor que le ha permitido a esa dirigente mantener e incrementar su influencia entre los maestros es el control de contrataciones, promociones, licencias y prerrogativas para los maestros. No es un secreto la utilización de esos recursos lo mismo para premiar a los profesores que se disciplinan a la dirección nacional del sindicato que para castigar a quienes discrepan. La existencia, dentro del SNTE, de importantes secciones que disienten respecto del liderazgo nacional no ha propiciado un auténtico contrapeso ni, en la mayoría de los casos, una gestión menos autoritaria de las prestaciones laborales. Las secciones inicialmente disidentes han establecido un pragmático entendimiento con la señora Gordillo y los dirigentes que ella encabeza.

Una de las medidas más relevantes en la “La Alianza por la calidad de la educación” es la decisión para que el ingreso y promoción “de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas” se realicen por concurso de oposición público. Sin embargo no se ha establecido con qué reglas, ni con cuáles dictaminadores se evaluará el ascenso o la contratación de esos profesores. El documento que se ha distribuido con los resultados de la “Alianza” indica que el dictamen se realizará “de manera independiente” pero no hay especificaciones al respecto. Y sobre todo, esa medida está limitada a las plazas nuevas y las que vayan quedando libres. La promoción de los más de un millón 100 mil profesores que hay en la educación básica seguirá atada a los viejos y clientelares mecanismos que el país ha padecido durante décadas.

La otra medida que ha sido muy publicitada en la cobertura periodística de la “Alianza” es, en palabras del presidente Calderón, la entrega de “un bono anual a las maestras y los maestros que consigan los mayores avances en el logro educativo de sus alumnos”. Sin embargo el documento oficial de ese acuerdo no menciona el término “bono”. Allí se apunta únicamente la decisión de “crear el Programa de Estímulos a la Calidad Docente” que tendrá el propósito de “estimular el mérito individual de los maestros en función exclusiva de los resultados de logro de sus alumnos”. Aparte de la deplorable sintaxis de esa frase, llama la atención su carencia de precisiones. Cómo se determinará el avance de los estudiantes, qué ha de entenderse por “logro” y, otra vez, a cargo de quiénes y con qué parámetros se realizará esa evaluación, es algo que no precisa la “Alianza”.

En algunas informaciones en la prensa se dijo que esa estimación del mérito de alumnos y maestros correría a cargo del Ceneval, sin advertirse que ese Centro está dedicado a la evaluación de la enseñanza superior. En otras, se dice que el “logro” de los alumnos será determinado con la prueba Enlace, que actualmente mide el desempeño escolar en temas específicos de matemáticas y español. Sin embargo a esa prueba no se le menciona en el documento de la “Alianza” salvo en una ocasión, cuando se dice que los profesores cuyos alumnos tengan bajo rendimiento “en pruebas estandarizadas como Enlace” deberán tomar cursos “especialmente orientados” (no se dice orientados a qué).

La llamada “Alianza por la calidad en la educación” incluye medidas importantes que no tendrían que haber sido pactadas con el sindicato porque forman parte de las atribuciones, e incluso obligaciones, del gobierno federal. Entre ellas se incluyen el equipamiento de 14 mil planteles y la rehabilitación de otros 27 mil, la atención a la seguridad en 37 mil escuelas ubicadas en zonas que se consideran de alta delincuencia, la convocatoria a universidades para que ofrezcan cursos a los maestros de enseñanza básica, el desarrollo en las escuelas de campañas de prevención de enfermedades y la dotación de becas para alumnos pobres. Todo eso está muy bien pero no debiera depender de alianza alguna.

También se ha dicho que habrá un nuevo énfasis en la incorporación de tecnologías digitales para respaldar la enseñanza en las escuelas. Se promete la dotación de computadoras “a maestros que logren su certificación de competencias digitales” pero, mucho ojo, no se dice que tendrán ese recurso todos los profesores que acrediten esas destrezas, ni se explica en qué consistirá dicha prueba. Para las escuelas, se menciona el “equipamiento con conectividad de centros escolares en 155 mil aulas adicionales a las existentes” lo cual permite suponer, tras ese lenguaje innecesariamente cifrado, que habrá computadoras con Internet en otros tantos salones de clase. Pero no se explica qué se hará con tales equipos. Peor aún, se indica que desde este año habrá “prueba y experimentación con 4 modelos de tecnología”. En los años recientes la educación básica ha tenido demasiadas experiencias en ese terreno, algunas fallidas y otras no, para que la SEP deba emprender nuevos ensayos. La Enciclomedia, que padeció la desventura de ser el juguete favorito del presidente Fox, tuvo numerosos errores iniciales y le ha costado al país varios miles de millones de pesos. Mal que bien, la Enciclomedia ya existe en los últimos grados de primaria. Sería un enorme disparate desaprovechar esa experiencia y esa infraestructura.

Ni el remozamiento y la atención a enormes carencias materiales en las escuelas, ni el empleo de nuevas tecnologías, tenía que haber sido pactado con el SNTE. Mucho menos la reforma de contenidos y la enseñanza del inglés en la educación básica, de las cuales tampoco se ofrecen detalles en el parco e insuficiente documento al que se denomina “Alianza por la calidad”. Y los aspectos a los que más relevancia se ha otorgado en los comentarios posteriores al 15 de mayo, que son la evaluación de nuevos maestros y de los estudiantes, están sujetos a mecanismos en cuya determinación seguirá participando la cúpula sindical.

Es decir, los responsables más importantes del estancamiento educativo, cuyos criterios corporativos han propiciado la sujeción de los profesores al interés de la antidemocrática cúpula sindical, continuarán teniendo un papel central en la evaluación de la enseñanza. Y esa evaluación ni siquiera será para todos sino únicamente para las nuevas plazas y aquellas que queden libres.

Mal escrito y mal difundido, el documento es equívoco desde su presentación. El que se ha publicado, no es un convenio en sentido estricto sino un folleto que contiene varias tablas en las que se acomodan decisiones, consecuencias y medidas específicas. No hay firmantes de ese documento ni explicación de sus motivaciones ni del diagnóstico que los habría conducido a tales coincidencias. Los únicos compromisos precisos que allí se mencionan son los que anuncia el gobierno federal.

Así que, en sentido estricto, lo que se dio a conocer el 15 de mayo no es alianza. Ni es por la calidad en la educación. Una y otras –alianza y calidad– de todos modos serían contradictorias si tienen como actor al sindicato nacional cuya dirigente se ha convertido en el principal problema para la educación en México.


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